Piden explicaciones a Ecología por tala en Tierra mbya guaraní. 

2020-05-20 - 05:26:04 |

IMAGEN

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) envió ayer un pedido de informes al ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Mario Vialey, ante las denuncias de desforestación en tierras de la comunidad indígena Ka’a Kupé en Campo Grande. Se advirtió al ministerio provincial que también se habrían violado derechos constitucionales de la población indígena en la localidad y que la actividad de desmonte se haya realizado en un período de aislamiento social. Se recordó también -al Ministerio de Ecología- la autoridad del Inai sobre el tema y se pidió que evite que una nueva situación similar se repita. 

Desde las redes sociales recordaron las amenazas sufridas por quienes intentaron denunciar el derribo de árboles. “Atento a las informaciones remitidas por los afectados e informaciones recabadas por medios periodísticos, la empresa nuevamente ha procedido en los últimos días a realizar desmontes en territorio comunitario, como ya lo hiciera durante el mes de febrero pasado, siendo impedido su continuidad por miembros de la propia comunidad”, se detalló.

Y se explicó desde el organismo nacional que “nuestra mayor preocupación consiste en la posible vulneración de los derechos que tutela el territorio cuyo resguardo se ve amenazado o afectado, violando las prerrogativas constitucionales -artículo 75 inc. 17 CN y Convenio 169 de la OIT-, siendo que el territorio de la Comunidad Kaá Kupe ha sido relevado de acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.160 y Resolución Inai 251/14”.

En tanto se apuntó contra el Ministerio de Ecología al reprochar una supuesta autorización, que habrían esgrimido los autores de la extracción ilegal. 

“En contramano a la protección legal, que es de orden público, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, a su cargo, habría autorizado el mencionado desmonte. Sin perjuicio del mérito a la oportunidad y conveniencia de las decisiones administrativas llevadas a cargo por su cartera, de acuerdo a las denuncias efectuadas a este organismo con competencia en materia indígena no se ha cumplimentado con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y se habría violado el artículo 2 de la Ley 26.160, dado que no fue considerado la previsión de los derechos de la Comunidad Kaá Kupe; tampoco es posible encontrar fundamento a la urgencia que llevó al dictado de la autorización en plena emergencia por la declaración de la pandemia Covid-19 que llevó al aislamiento social obligatorio, en este caso, a la comunidad, por lo cual con los antecedentes conflictivos que esta situación contiene, no deja de ser una evidente acción que profundiza el mencionado conflicto”.

Cooperación y resguardo

Finalmente concluye la nota expresando “la enorme preocupación de este Instituto Nacional   ante los hechos denunciados, de acuerdo a las competencias establecidas por la ley 23.302, le solicito, a título de especial, colaboración, tenga a bien informarnos de las acciones que está llevando su cartera para considerar las consecuencias de los actos administrativos impulsados y, en consecuencia, el temperamento adoptado o a adoptarse a los efectos de resguardar la integridad territorial y física de los miembros de comunidades indígenas y evitar que hechos de esta naturaleza se repita a los efectos de no conculcar derechos esenciales de la Comunidad Indígena”.
 

Piden por su protección

La comunidad Ka’a Kupe informó el lunes la decisión de proteger su monte, “con sus cuerpos como única arma, a esto se les responde con amenazas de muerte”. Se detalló que “el lunes alrededor de las 9, Roberto Benítez, un joven de 22 años miembro de la comunidad fue a recorrer su territorio, cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”. Dijeron que “cuando Roberto le preguntó qué hacía y pretendió sacarle una foto con su celular, esta persona le grito “si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”, ante esta amenaza de muerte, con el temor lógico que esto produce, se retiró”, se informó. En una carta enviada a los medios y a la población, la comunidad Ka’a Kupe se cuestiona si esa será la forma en que se pretende manejar este conflicto, si se volverá a la época en que matar indígenas era la solución territorial. Se añadió que desprovistos de toda protección judicial, los fallos en las causas que inician demoran once o más años, con una policía que los ignora y un Estado provincial que no reconoce sus derechos, frente a una Justicia que parece ser no solo ciega sino también sorda, únicamente les queda presentar sus reclamos a nivel internacional.








COMENTARIOS

No hay comentarios para esta noticia.-


COMENTAR, OPINAR

*El mensaje queda pendiente de aprobación